PIME Menorca propone medidas de garantía de cobro para las empresas locales

Lamentablemente uno de los factores que provocaron la crisis económica de 2008 fue la rotura de la cadena de pagos entre administraciones y empresas que se trasladó a las relaciones comerciales entre éstas últimas. La Ley establece la obligación de pago entre empresas a 60 días y 30 días a la administración, pero estos plazos de pago no se vienen cumpliendo en la gran mayoría de licitaciones públicas.

En muchos casos, la empresa adjudicataria recurre a la subcontratación de empresas locales para la realización de la obra o de los servicios adjudicados y son estas empresas las que finalmente no acaban cobrando en el plazo legal, produciendo situaciones de morosidad no deseadas en la cadena de suministros.

Como medida de protección para estas empresas, PIME Menorca se ha dirigido a la Consellería de Hacienda del Govern Balear solicitando la incorporación de la cláusula de subrogación de pago a las empresas subcontratadas en los pliegos de condiciones particulares de las licitaciones públicas de obras y servicios.

Con esta posibilidad que incorporó la Ley de Contratos del Sector Público las empresas subcontratadas podrán solicitar a la administración que haga efectivos directamente los pagos pendientes no abonados por la empresa adjudicataria permitiendo así que estas empresas tengan la remuneración en plazo para las obras subcontratadas.

De esta forma se evitará que se den situaciones de dominio de las grandes empresas que subcontratan a pequeñas empresas locales para la ejecución de obras en Menorca, al no realizar los pagos en los plazos correspondientes o incluso obligándolas a recurrir a reclamaciones que finalmente alargan más la fecha de pago.

Esta petición se suma a la necesidad de que la Administración controle también el cumplimiento de la Ley de Medidas de Lucha Contra la Morosidad en los pagos a estas empresas.

Para evitar situaciones similares, PIME Menorca reclama a la Consellería de Hacienda del Govern Balear que ponga especial énfasis en estas dos cuestiones en los pliegos de condiciones de las licitaciones de obra y servicios públicos, especialmente en esta crisis en la que se incrementará el gasto público en obras y servicios.